Bruno J. Gaiero Guadagna – Ignacio M. Soba Bracesco
Ya se cumplieron siete años de la promulgación de la Ley de acoso sexual en el Uruguay (Ley N° 18.561) y muy probablemente, en los próximos días, meses o años, encontraremos nuevas normas sobre el tema, como ser convenios colectivos que incluyan cláusulas sobre el acoso, la aprobación de protocolos o códigos de conducta en empresas, instituciones u organismos públicos, la reglamentación de la Ley de acoso sexual a través de un Decreto del Poder Ejecutivo o la aprobación de nuevos proyectos sobre acoso sexual y moral por parte del Parlamento.
Nos encontramos ante una problemática de la cual nadie escapa, que siempre ha existido, pero que ya hace un tiempo ha despertado mayor preocupación, adquiriendo notoriedad y demandando mayor prevención y otro tipo de respuestas por parte de todos los operadores.
La finalidad del legislador ha sido dotar de diferentes tipos de herramientas –laborales, administrativas, judiciales, etc.– a quienes sean víctimas de esa situación, y ello ha provocado que las denuncias de acoso se multipliquen en todos los ámbitos, siendo testigo de ello los sindicatos, las empresas, la Inspección General del Trabajo y, por supuesto, los Juzgados (los más de trescientos fallos judiciales que hemos podido sistematizar en el libro La tutela procesal ante el acoso sexual y moral demuestran que hay un verdadero boom de estos litigios).
En el ámbito judicial, los casos de acoso involucran conflictos altamente sensibles para las personas que se ven involucradas. Se busca proteger a las víctimas del acoso, en tanto se considera una forma grave de discriminación y de desconocimiento de la dignidad de las personas, pero a su vez, se hace crítico buscar un equilibrio entre esas situaciones de vulnerabilidad y la obtención de las pruebas, el reconocimiento pleno de las garantías de defensa de los presuntos acosadores y, por supuesto, el honor de esas personas.
Sin duda hay mucho para desarrollar en torno a la temática, pero estimamos, en definitiva, a la luz de lo proyectado por el Poder Ejecutivo, que lo que vendrá es una profundización de las responsabilidades en el ámbito privado y público, una mayor sensibilización y difusión de estos temas y la imposición de más obligaciones en materia de prevención (a modo de ejemplo, creación de oficinas o comités internos para tratar el clima laboral y los casos de acoso, la necesidad de realizar cursos de capacitación, confeccionar y aprobar protocolos o guías de conducta, etc.). Podemos aseverar, pues, que los desafíos recién comienzan.